A destiempo, y sin hacer una sola mención a lo ocurrido a dos candidatos a alcaldes, una muerto y el otro herido, el gobierno estatal firmó un protocolo burocrático para dar protección a candidatos y candidatas en campañas electorales. Es lastimosa la omisión grave del titular del Ejecutivo de no reconocer la violencia que privó de la vida a un candidato de su partido, en Acatzingo, de su región, el morenista Jaime González Pérez, y con heridas en un atentado al aspirante opositor en Ajalpan, Mario Franco Barbosa.
Ignorar los hechos criminales contra dos políticos no elimina el fenómeno de la delincuencia en el estado, ni mucho menos la erradica.
El protocolo de atención para establecer seguridad a candidatas y candidatos en el estado “permitirá, en sinergia con autoridades electorales, evitar hechos que atenten contra la integridad de las personas postuladas a cargos de elección popular”, establece el comunicado oficial.
Lamentablemente el uso del tiempo verbal en futuro, omitiendo el presente y el pasado, dibuja el perfil de un gobierno indolente que cree falsamente que al ignorar los hechos se oculta la realidad, lo que a la larga resulta más costoso, social y políticamente.
Grave también para la paz social y para la protección de los candidatos y candidatas, el diseño de un protocolo burocrático para obtener la protección gubernamental, al exigir condiciones y datos que es responsabilidad de los encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Pretenden con el protocolo para la seguridad de candidatos y candidatas, conocer de ellos la problemática de inseguridad pública en el estado, cuando es la obligación del gobierno tener un atlas de riesgo para las campañas electorales, debido a la presencia y control de la delincuencia de amplios territorios de la entidad.
Solo los requisitos para obtener protección, pareciera que es con el ánimo de desalentar a los candidatos, porque frente a la acción de los delincuentes, el protocolo de protección tiene toda la carga mortuoria:
Aquellos participantes en la contienda electoral que requieran medidas de seguridad o protección, de manera personal “deberán realizar una solicitud a la Secretaría de Gobernación (Segob), al IEE, o a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
O en su caso, si han sido víctimas de un hecho con apariencia de delito, deberá ser ante la Fiscalía General del Estado (FGE), “con los datos personales, cargo, fecha, hora y lugar en que se conoció o se generó la situación de riesgo de la que derivó la solicitud”.
Además, los candidatos y candidatas deben presentar elementos de prueba de actos intimidatorios y amenazas en su contra, en caso de contar con ellos.
Para el caso de tratarse de eventos públicos, deberán especificar el lugar, horario, y aforo estimado.
La solicitud precisa de la medida de protección, a fin de ser analizados, pasará a la mesa de coordinación, la cual está integrada por representantes de cada institución antes mencionadas.
Recibida la solicitud, establece el comunicado oficial del gobierno estatal, dentro de las 48 horas posteriores a su recepción oficial, los integrantes de dicho consejo analizarán cada caso en particular, conforme a los elementos de riesgos, e indicios que proporcione cada solicitante.
La resolución será notificada al solicitante dentro de las 24 horas posteriores a la celebración de la sesión respectiva, establece el protocolo, que deja en estado de indefensión a los candidatos a distintos cargos de elección popular.
Con esta tramitología burocrática que establece el protocolo para la presunta protección de candidatos y candidatas, firmada por el gobierno con los organismos electorales (INE e IEE), los aspirantes a cargos de elección popular quedan vulnerables ante la acción delictiva para amedrentarlos, o desaparecerlos.
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Face: Pablo Ruiz Meza
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